Incremento del gasto público, mayor informalidad y destrucción de casi 500.000 empleos, los impactos que tendría el proyecto si se deja como lo presentó el Gobierno
Hoy se radicará oficialmente la ponencia para el tercer debate de la reforma laboral, que presentará algunos cambios, frente al articulado aprobado en la Cámara de Representantes, luego de escuchar a varios sectores económicos en audiencias públicas adelantadas en la Comisión Cuarta.
Aunque la radicación estaba prevista para el 22 de mayo, por falta de tiempo, y acuerdos, no lo hicieron y por eso se espera hoy este trámite. La presidente de la comisión, Angélica Lozano aseguró que el retraso no afectará el cronograma que tiene como fecha límite, su aprobación el 30 de mayo.
Si bien el Gobierno resaltó la importancia de los cambios que debe tener la normativa laboral, para darle muchos más beneficios y reconocer a los trabajadores sobre todo los que tienen horarios nocturnos, dominicales y festivos, tanto empresarios como algunos economistas advierten que este texto tiene gran impacto en las arcas del Estado, que ya se ven presionadas por un déficit fiscal que este año cerraría por el orden de 7%.
Pues fue el propio Ministerio de Hacienda el que advirtió que hay al menos 20 artículos que deben ser estudiados, con el fin de determinar su incidencia en las cuentas fiscales, no obstante, señalaron que esto les competería más que todo a entidades específicas y no a sectores que es a donde van destinados los recursos del Presupuesto General de la Nación.
Diana Carusso, asesora del ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo en el Senado que hay tres artículos que deben mirar con detenimiento por su posible impacto fiscal.
El primero es el artículo 21, relacionado con el pago a estudiantes de medicina en internado. De acuerdo con el texto de la laboral que pasó su trámite en la Cámara de Representantes tendría un costo anual estimado entre $149.466 millones y $233.664 millones.
El exdirector de Presupuesto, Jairo Bautista, recordó que fue en 2018 cuando se creó un subsidio para los residentes de medicina, por lo que aseguró que podría ser una extensión del beneficio, al cual el Ministerio de Hacienda le destina un total de $140.000 millones al año.
“No es una presión de gasto tan importante, el tema es que se hace por cupos dependiendo de la disponibilidad presupuestal que actualmente no tiene una cobertura tan amplia, creo que la reforma busca que sea universal y eso me parece un acierto para fortalecer la formación medida especialmente en un área tan costosa como la medicina”, explicó.
Otro artículo nombrado por Carusso fue el 52 en el que se establece ampliar la licencia de paternidad a cuatro semanas, este impactaría propiamente el presupuesto de salud de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres.
Bautista resaltó que este punto específicamente tendría un impacto en las cuentas, pero no de manera directa en el Presupuesto General, porque es la Adres la que deberá administrar sus recursos para cubrir cada una de las responsabilidades que estén contenidas en su presupuesto. “Hay que saber el alcance y su extensión real en el tiempo, dependen además de la tasa de natalidad de la población la cual va en descenso”.
El tercer artículo es el 59, que se refiere a las medidas que elaborará el Gobierno en materia de protección social para los trabajadores afectados por la transición a la descarbonización de la economía, es decir que buscan garantizar la continuidad de los empleos y la seguridad social de dichos trabajadores.
Esta es una de las disposiciones a las que se refieren los analistas y empresarios que podría aumentar el desempleo, si no se cumple a cabalidad con las medidas que establece el texto.
Otros impactos fiscales
El director de investigaciones económicas de Corficolombiana, César Pabón, señaló que hay otros impactos fiscales más relevantes que tendría la reforma si se aprueba tal cual como la presentó el Gobierno Petro, como el endurecimiento de la formalidad, implicaciones en el mercado laboral, y en Gobierno.
Por su parte, Camilo Cuervo, socio – Holland & Knight, alertó también de los riesgos en el incremento de la informalidad y en el desempleo, porque no sería sostenible mantener ese modelo en sectores que deben operar en horarios nocturnos, dominicales y festivos.
Estas son las principales razones por las que los empresarios pidieron que se modifiquen los porcentajes de recargo, y que se excepcionen varios sectores de estas normas, porque de esa manera se podría frenar el impacto económico de la reforma.
El jefe de investigaciones económicas de Banco de Bogotá, Camilo Pérez, coincidió con las posturas anteriores, específicamente con que el impacto se traduce en un mayor gasto para el Gobierno, lo que presionaría aun más las finanzas públicas.
“Si se quiere tener bastantes beneficios y prestación de servicios públicos en general también hay que tener en cuenta a la sociedad, hay que hacer que esto sea compatible con los ingresos. Es ahí donde, infortunadamente, no se ha logrado, en particular este año y el año pasado, un buen desempeño en materia de recaudo tributario”, alerto Pérez.
El economista insistió que la mejor opción para que estas propuestas sean viables es que debe haber una consolidación en los ingresos, porque de lo contrario no es sostenible para la economía.
¿Reforma o consulta?
Cuervo dijo que, al haber modificaciones en la reforma laboral, el Gobierno buscaría impedirla porque no sería en esencia como la presentaron inicialmente, por ello alertó, que es probable que la bancada del Pacto Histórico busque hundir la reforma para que de esta manera siga adelante la consulta popular, que ahora consta de 16 preguntas en las que también están incluidas interrogantes para modificar el sector salud.
Esto coincide con la ponencia alternativa que radicaría hoy la senadora del Pacto Histórico, Aída Avella, que busca revivir los puntos del texto original.
Avella se habría apartado de los pactos de la comisión del Senado, ya que estaría en desacuerdo con los cambios que se hicieron tras escuchar las peticiones del tejido empresarial.
En las cuentas de los parlamentarios se espera la aprobación del proyecto, y que rápidamente pase a su trámite en la Plenaria del Senado, ya que contaría con la mayoría de los votos de los integrantes de la Comisión. Ahora la preocupación está en si dan los tiempos, antes que se acabe el periodo legislativo, de lo contrario se volvería a hundir, y tendría que comenzar su trámite desde la Cámara de Representantes.
A la par, el Gobierno está presionando para que en menos de un mes se le apruebe la consulta popular, que ya se negó una vez en el legislativo.
Reforma sigue sin tener cifras de los impactos
Aunque los gremios, expertos y empresarios advierten que hay riesgos e impactos fiscales de este proyecto bandera del presidente Gustavo Petro, argumentan que es difícil calcular en cuánto se afectaría el Presupuesto General de la Nación de 2026, que en teoría es cuando comenzaría a regir la reforma. Desde el Ministerio de Hacienda ya habían presentado un aval fiscal, justo cuando el proyecto se hundió en la Comisión Séptima del Senado, y detallaba que pese a los incrementos en los costos empresariales, subiría la productividad, y por ende el recaudo tributario.
Fuente: La República