La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad diferida del artículo 68 de la Ley 2277 del 2022, que dio facultades extraordinarias para expedir un nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia de aduanas, así como el procedimiento aplicable. La medida también cobija al Decreto Ley 920 del 2023, expedido en desarrollo de dichas facultades.
Según el alto tribunal, las normas acusadas desconocen el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución, sobre la imposibilidad de conceder facultades extraordinarias para expedir unidades normativas sistemáticas e integrales (código), pues, en efecto, buscaban dotar al Ejecutivo de dichas facultades para crear un nuevo estatuto disciplinario en materia aduanera.
No obstante, aclaró, la expulsión inmediata de la norma acusada podría causar traumatismos en cuanto al vacío que se generaría en un régimen sancionatorio, propio de un escenario de impunidad. Por lo tanto, moduló los efectos de la decisión y otorgó al Congreso hasta junio del año 2026 como plazo para expedir una ley que regule el régimen sancionatorio y el decomiso de mercancías en materia de aduanas, así como el procedimiento aplicable.
Fuente: Ámbito Jurídico